Caso SAT muestra agujeros para combatir la corrupción

Caso SAT muestra agujeros para combatir la corrupción

Fuente:elPeriódico,04/05/2015 02:28 pm


elPeriódico
LORENA ÁLVAREZ LALVAREZ

Reformas en leyes de probidad, de combate al contrabando y para fortalecer la labor de la IVE no se aprobaron.



Las leyes anticorrupción aún muestran debilidades para asegurar la transparencia en el manejo del erario nacional y en la probidad de los funcionarios y empleados públicos.


Han transcurrido casi tres semanas de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), reveló el caso de corrupción en las aduanas, que implicó a dos exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y otros empleados de la entidad dentro de una estructura de cobros ilegales que se conocía como La Línea.


Esta estructura dirigida por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, -que permanece prófugo- pudo haber defraudado al Estado más de Q940 millones.


Leyes porosas

La publicación obligatoria de la declaración patrimonial de los funcionarios y empelados públicos es uno de los temas que quedaron pendientes, pese a que se discutió en una de las mesa ,técnicas de probidad, explicó Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).


El Decreto 31-2012 aprobado por el Congreso, creó figuras como el testaferrato y el enriquecimiento ilícito, pero a criterio de Barrientos es difícil comprobar si hay aumento en el patrimonio de los funcionarios sin justificación. “El patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos, y si durante el tiempo que se ejerce un cargo, por ejemplo se compra un carro, es un activo que tendría que verse reflejado en el pasivo como un pago o una deuda”, explica.

Este delito tiene penas de cuatro a ocho años de prisión, multas de hasta Q500 mil y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, indica el exdiputado Mariano Rayo, al agregar que a los implicados en el caso de La Línea se les tendría que aplicar la extinción de dominio, ya que la defraudación aduanera es una de las causales para su aplicación.



La legislación vigente contra el contrabando y defraudación establece penas de hasta seis años, pero se puede duplicar si el implicado es un funcionario, añade Rayo.


Rastro financiero

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) únicamente actúa si existe un Reporte de Transacción Sospechosa (RTS) emitido por una entidad bancaria o si lo solicita el Ministerio Público (MP), y lo que se necesita es una reforma para que pueda investigar a su criterio, explicó el ex jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), Ramón Tobar.


En Argentina y Colombia las entidades equivalentes a la IVE reciben los reportes de las administraciones tributarias, y a partir de eso puede realizar los cruces de información para analizar los movimientos transaccionales, agrega.


“La ley es buena y los oficiales de cumplimiento hacen bien su trabajo, pero se necesita que la IVE pueda actuar sin una solicitud”, comenta Tobar.


Desde 2009 se tiene un reglamento para el monitoreo de cuentas de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs), que incluye a funcionarios, políticos y sus familiares directos, entre otros. Al respecto,
Tobar indica que la IVE debe esperar un RTS o la solicitud del MP para poder actuar y hacer un barrido en el sistema para los movimientos en las cuentas personales o de empresas.


El caso de La Línea, según el exjefe de la SIB, se perfila como un caso complicado de inteligencia financiera que conlleva cruces de información y algunos meses para construirlo.



"Game over" Dice el presidente Otto Pérez Molina que entendió el mensaje de la ciudadanía. Ajá.

 
 






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