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02:58 p.m.
Fuente: La Hora

IDPP: El martes, el Pleno decidiría si queda firme su elección o si se repite el proceso
Presentan denuncias contra idoneidad de Remberto Ruiz, quien se defiende

Un día después que en el Congreso la CICIG presentara un documento que anota supuestas irregularidades y denuncias contra el abogado Remberto Leonel Ruiz Barrientos, la Junta Directiva y jefes de bloque le otorgaron audiencia al señalado.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) evoca que el puesto en la Defensa Pública Penal debe llevar, desde su origen, los principios de transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad.

El documento en contra de Ruiz Barrientos apunta 45 quejas disciplinarias ocurridas a lo largo de tres años, entre 1995 y 1998, cuando se desempeñó como Juez de Primera Instancia en varios ramos, seis culminadas con sanción y dos declaradas a procedentes.

Una denuncia de cohecho y prevaricato por la exigencia de dinero mientras ejercía como juez en Zacapa, "Grave denuncia que nunca se investigó", se lee. Asimismo otras anomalías sobre acoso sexual, que aunque no está tipificado como delito, sí es una condena moral que tardíamente investigó la Procuraduría de Derechos Humanos, consideran.

También refiere la CICIG una observación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por incorrecta separación de personal sindicalizado mientras ejercía su función como Director de Recursos Humanos en el IDPP, anota.

Asimismo, otro número de quejas disciplinarias por retardo de la justicia, por retardar trámites, dejar de controlar la investigación del Ministerio Público para que concluyera en el tiempo señalado por la ley, resolución de excepciones previas hasta con 16 meses de retraso.

Roberto Alejos, presidente de la Junta Directiva del Congreso, obedeciendo la decisión de la Corte de Constitucionalidad, leyó en forma resumida el contenido de siete expedientes, unos a favor y otros en contra de Ruiz Barrientos.

El abogado Ruiz Barrientos señaló que se ha convertido en víctima, amenazado, sujeto de una persecución sistemática de las organizaciones sociales, fundaciones y ONG que le han violado sus derechos humanos.

La razón de Ruiz Barrientos, es porque no se ha incluido a los abogados que han trabajado para esos grupos y han quedado relegados para dirigir la Defensa Pública en el país, pero que el lunes presentará todas las pruebas de descargo que con mala fe han presentado en su contra.

Roberto Alejos, acompañado de directivos y jefes de bloque, dio a conocer que el martes próximo durante la sesión plenaria se votará a viva voz si se reafirma la elección del director ya electo para el Instituto de la Defensa Pública Penal

02:20 p.m.
Fuente: La Hora

DE FRENTE: Nineth Montenegro, diputada al Congreso de la República
"Nos hemos acostumbrado a que es normal ser corruptos"
A más de un año de aprobación, la Ley de Acceso a la Información cumplirá un año de vigencia el 21 de abril, pero el acceso total a los datos públicos se ha intentado desviar y las solicitudes algunas veces sólo se retrasan en trámites administrativos.

Una ley que fue aprobada luego de ocho años de discusión y trabajo constante de varias ONG, la Ley de Acceso a la Información, la cual garantiza a los ciudadanos obtener información pública sin permisos o autorizaciones previas.

Después de 60 enmiendas a los 70 artículos que conforman la legislación, la ley fue aprobada. Varias organizaciones no gubernamentales apoyaron esta iniciativa de ley con campañas y publicidad masiva, tratando de dar a conocer los beneficios que esta norma podría traer al país.

La ley afecta a todas las instituciones del Estado, así como también a entidades gubernamentales y empresas que manejan fondos o información pública. Además, garantiza el libre acceso a la información pública y también delimita claramente cuál información puede considerarse restringida y cuál no.

Adicionalmente prevé los castigos a las personas que comercialicen datos personales de los ciudadanos, oculten o destruyan información pública. Las sanciones que pueden dárseles a los funcionarios del gobierno que quebranten la ley, van desde el despido hasta penas de cárcel.

Para explicar la difícil tarea de fiscalizar las entidades públicas, entrevistamos a la diputada Nineth Montenegro, quien ha sido una de las personas que ha debatido una lucha constante -antes y después de la ley-, para acceder a información que no es permitida en muchas entidades del Estado.

- ¿Cual considera que es el principal problema en el acceso a la información?

- La opacidad dentro de las estructuras del Estado, porque no es un proceso actualizado, es decir, es un proceso que viene de años atrás y se pudo haber agudizado durante las dictaduras militares. Quien en esa época quería acceder a la información pública era ejecutado extrajudicialmente o desaparecido.

Eso fue permitiendo que se generaran redes de profunda impunidad que se fueron reciclando, rearmando, reestructurando y consolidando. Terminaron las dictaduras militares e insertada la institucionalidad democrática en 1986 se quiso comenzar un proceso de transparentar la información pública, pero todavía había predominio militar.

- ¿Entonces continúa este problema?

- Actualmente está probado que esas raíces que se originaron durante las dictaduras persisten y no han muerto, con una sola ley de acceso a la información no vamos a terminar años de poca transparencia. Años de opresión y años de esconder la verdad.

La ley no es negativa, al contrario, la ley es un paso positivo hacia la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, pero tiene que ver con más de 36 años en los que esas estructuras se fueron mezclando con el crimen organizado, con las mafias, con el lavado de dinero y fueron creando estructuras fuertes que aún perviven en el Estado.

No nos engañemos, sean del gobierno de Portillo, de Óscar Berger o el actual, tienen dentro de sus mandos medios estructuras en este sentido. Pero más allá de eso hay un sector empresarial, entre comillas emergente, que vive de esa forma del Estado.

- ¿Cuál cree que ha sido la postura del Gobierno?

- La posición del Gobierno ha sido de esconder información trascendental que tiene que ver con el uso de dinero público; ellos son los que más se han negado a hacer uso adecuado de la Ley de Acceso a la Información.

Aunque hay que reconocer que la ley tenía nueve años de estar en el Congreso y ningún gobierno la había apoyado, excepto ellos, sabiendo que iban a enfrentar este monstruo. Porque desnudar al Estado no es cosa fácil. Es la trama que viene de muchas décadas atrás.

Pero ellos aceptaron la ley porque se sintieron presionados por la comunidad internacional, porque ahora para querer dar la información hay temor, o hay algo escondido que no se quiere evidenciar, lamentablemente.

- ¿Qué opina del constante bloqueo de información en las entidades?

- Las políticas públicas que ellos han implementado pueden ser positivas, pero la forma en que las han operado es desconocida, toda vez que no quieren dar información y quieren cerrar información estadística de compras del Ministerio de Gobernación porque no usan la Ley de Contrataciones.

Porque, ¿quiénes son los 500 mil beneficiarios de Mi Familia Progresa (MiFaPro)? Pero lo peor que este gobierno tiene es que nos quiere enfrentar otra vez a los guatemaltecos, y comienza que si ricos o pobres, esta no es una situación de ricos y pobres, es una cuestión de país, de honestidad y búsqueda para que los recursos lleguen a los más pobres y no se los quede alguien en su bolsillo.

- ¿Qué problemas han sido los que ha encontrado para acceder a los datos?

- En general, he detectado desorden; el Gobierno, este año que recién pasó, hizo 447 transferencias por 11 mil 500 millones de quetzales, desbancando a ministerios importantísimos como el Ministerio de Gobernación, quitándole 600 millones, por ejemplo, trasladando a gastos superfluos como la compra de revistas, desinfectante o gasolina.

Me parece confusa su propuesta porque dicen que es un gobierno democrático que apoyará al más pobre, pero que no haga esto de quitar en seguridad para trasladarlo. ¿Quién se beneficia con 15 millones de revistas?

Cuando estos programas se iniciaron no tenían estructura programática y el contralor nunca dijo nada y sigue sin decir nada. Pedimos que tuviera estructura programática y al fin de los 13 programas, 4 ya la tienen, pero los demás todavía no.

Por lo menos ya pudimos saber de dónde salía el dinero, qué transferencias había y a qué municipios se dirige, pero no sabemos si las personas existen o no y ¿cómo empieza mi duda? Dicen que están apoyando 500 mil, pero no quieren decir dónde están. Y dicen "vayan el día que haya pago", pero puede haber mucha gente, pero uno no sabe si en realidad son o no.

- ¿Entonces es un camino difícil?

- Es como caminar a ciegas, pero el artículo 55 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo dice que es obligación del diputado fiscalizar directamente la política pública para conocer su evaluación, su desempeño y si realmente hay calidad en la política.

Me han dado información, pero no puedo creer que el contralor diga que es normal que tengamos cédulas repetidas, y todos nos quedamos como si no pasó nada. O que haya dos personas que tengan el mismo nombre, apellido, cédula, municipio, departamento ¡pero diferente código para recibir el dinero!

Alguien se está quedando con una de las remesas porque no pueden haber dos personas iguales.

- ¿Qué piensa que muchos ven como normal el difícil acceso?

- Nos hemos acostumbrado a que es normal ser corruptos, es normal ser ladrones, es normal que alguien robe 'honradamente' solo el 10% de la comisión.

Por eso vivimos en un país donde los principios se perdieron, y cuando se pierden, todo se acaba, entonces por supuesto que es grave. No es responsabilidad exclusiva de este gobierno, viene de años atrás.

Pero alguien tiene que empezar a meterse en la entraña del lobo. Este monstruo está creciendo. No nos sorprende que haya empresas fantasmas, no nos sorprende que haya cobro de comisión para la hechura de obras. ¿Qué nos va a sorprender entonces como guatemaltecos? Ya estamos curtidos.

- ¿Con qué entidades ha tenido mayor problema?

- En el Gobierno de Óscar Berger había mucha secretividad de la SEP, la secretaría de la Presidencia. Empezamos a detectar que algo estaba pasando y la SEP era la que estaba manejando algunos programas de Foguavi y había cuotas de viviendas para los diputados.

También comenzamos a ver que la SEP se encargaba del listado geográfico, y decidían a quién le daban como funcionario la obra, y decidían quién iba a ser la empresa contratista, y eso puede seguir siendo así.

En el Gobierno de Portillo se descubrió que el Ministerio de la Defensa era el organismo ideal, porque no usaba la ley de contrataciones y había empresas fantasmas, impresoras para hacer facturas falsas, empresas que se dedicaban desde vender huevos hasta clavos, que al final resultaron inexistentes, por lo que mucha plata se perdió.

Y en este período vemos fallas en las compras en general, desde medicamentos; en el listado geográfico, otra vez, a veces hay duplicidad de obra, en un país tan pobre, o hay obra mal hecha y en mal estado, y pagada elevadamente.

MiFaPro también no quiere entregar datos de quienes son los beneficiarios, sólo es saber si verdaderamente lo están recibiendo.

- ¿Cómo estamos antes y después de la ley?

- Hay información a medias, y hay búsqueda de mecanismos para evitar la verdad; por ejemplo, para no usar la ley de contratación vengo y busco otro mecanismos dentro de la misma ley que se llama 'compra directa', que quiere decir, que yo voy a comprar diariamente y por eso no tengo que decir a qué empresa se lo compro, puede ser que lo esté comprando o no, eso están haciendo ahora.

O utilizan el mecanismo de contrato abierto, que es otro mecanismo para decir que sólo el Ministro de Finanzas es el que puede decir qué empresas van a ofertar, y regularmente cuatro empresas son las que ofertan: vehículos, medicamentos y fertilizantes. Son las cuatro que él dice, las demás están fuera de la jugada, el problema es encontrar modos de evadir la ley usando la misma ley, que talvez es peor, porque es usando la ley.

- ¿Entonces la ley tiene faltas?

- La Ley de Acceso a la Información es bastante completa y plantea sanciones; por ejemplo, que quienes no cumplan con la ley, define qué castigos tendrán, hasta el delito de negatoria de acceso a la información, penas económicas, cárcel, ahí está en la ley, pero no se cumple. Yo lo que creo es que necesitamos un cambio de actitud, más que un cambio en la ley. Este país nos pertenece a todos y necesitamos cuentas claras.

- ¿Qué retos habría de aquí en adelante?

- Tenemos que dar a conocer en los pénsum de estudios, para que cualquier ciudadano sepa que tenemos la facilidad de pedir información. Siempre van a haber problemas, pero hay que comenzar a pedir controles.

La ley ahí está y si se aplicara fuera maravilloso. Pero lo que nos falta es una nueva afirmación de ciudadanía y exigir que la institucionalidad funcione.


Fuente: El Periódico

Castresana solicita anular nombramiento de Remberto Ruiz



Los jefes de bloque del Congreso se reunirán hoy para analizar las denuncias en contra de Ruiz.

Eljefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, se presentó ayer al Congreso con un expediente en mano, el cual contenía denuncias en contra de Remberto Ruiz, quien fue elegido como director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

“Solicitamos se reconsidere el nombramiento de Ruiz, entendemos que se han dado vicios de procedimiento para considerarlo nulo, es una persona no idónea para el desempeño del cargo”, expresó Castresana, al mismo tiempo que recomendó repetir por completo el proceso de elección.

Los señalamientos fueron presentados a raíz de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, a través de la cual se dio un lapso de tres días para presentar denuncias fehacientes.

Hasta ayer se habían recibido cinco expedientes, uno presentado por la diputada Nineth Montenegro, otro el Movimiento Pro Justicia, la CICIG, Carlos Álvarez y uno con pruebas de descargo a favor de Ruiz.

Según el presidente del Congreso, Roberto Alejos, hoy se realizará una audiencia con los jefes de bloque para analizar las denuncias presentadas, en la reunión se espera la presencia de Ruiz para que presente sus pruebas de descargo.

Fuente: EL Periódico

Viaje todo pagado Fiesta con fondos públicos y luego, callar.

Por: Juan Luis Font

Fue oportuno que el diario Siglo Veintiuno revisara los gastos de viaje del recién estrenado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Erick Álvarez, en una de sus primeras salidas al exterior. Álvarez gastó poco más de US$15 mil para ir a Brasil, acompañado por su asistente, por un viaje que se extendió tres días más de lo necesario. Se trataba de un viaje preparatorio para una reunión de presidentes de Cortes Supremas a realizarse en Uruguay.

Pese a que los anfitriones corrían con los gastos de hotel durante las fechas del evento, el Presidente de nuestra Corte, que cobró viáticos por todos los días que duró su periplo, no ha hecho devolución alguna de fondos.

Molesto por las críticas, el magistrado Álvarez ha dicho que no piensa dar explicaciones al respecto y ha partido de nuevo en un viaje hacia Santo Domingo, ahora acompañado por un colaborador del Organismo Judicial.

Se trata de una actitud inaceptable de un magistrado que apenas acaba de ser electo para integrar una Corte llamada ya no sólo a inspirar confianza en que el sistema judicial guatemalteco puede mejorar, sino a concretar esos cambios tan pronto como sea posible.

Y es poco lo que se ha visto al respecto. 

El mensaje que el magistrado Álvarez envía a la sociedad es negativo porque supone la confirmación de que en el Organismo Judicial no ha cambiado casi nada.

Al tiempo que él se niega a ofrecer un informe que despeje las dudas sobre la pertinencia de sus gastos, se conoce que otros magistrados han hecho que el Organismo erogue hasta Q200 mil para remodelar sus despachos.

Y se conoce también que la juez que lleva el caso Rosenberg ha devuelto el vehículo blindado que le fue proporcionado debido a la carestía de fondos para financiar el combustible de este auto. ¿Qué prioriza entonces la cúpula del Organismo Judicial? ¿Hay fondos para remodelar despachos o para agasajarse dos o tres días extra en Brasil pero no los hay para pagar la gasolina de un carro blindado para una juez expuesta a riesgos?

En el fondo de la discusión se encuentra un tema de gran relevancia para el Estado, ¿cómo pueden los ciudadanos confiar en que el dinero que aportan para financiar a las instituciones es bien utilizado? Este es un país harto de ejemplos de personajes que, al ejercer la función pública, se aprovechan de su cargo para beneficiarse a sí mismos. Una parte de la falta de lealtad al Estado se funda en estas razones.

Y eso justamente es lo que refleja, en tanto no ofrezca una explicación que demuestre lo contrario, el Presidente de la Corte. Su silencio sólo fortalece la idea de que el sistema está hecho para favorecer a quienes lo dirigen y que poco les importa que alguien piense lo contrario.

De acuerdo con los liberales extremos, la corriente ideológica que tanto se afana por influir el pensamiento de la elite guatemalteca, es contrario a la naturaleza humana pensar que un hombre o una mujer con acceso al manejo de los fondos públicos se abstenga de buscar su provecho personal e incluso llegarán a anteponerlo al interés común. Y es cierto que la naturaleza humana suele actuar de esa forma. Pero una sociedad organizada establece límites para impedir que los encargados de las instituciones abusen de estas.

Esos límites deben ser congruentes con la situación del país al cual se sirve. ¿Debe regalarse tres días extra en un bonito destino el Presidente de la Corte a costa de los contribuyentes? ¿Debe viajar en clase económica o hacerlo en clase ejecutiva? ¿Debe asistir a todas las invitaciones que se le hagan o sólo a aquellas esenciales para el buen desempeño de su función? Y a la hora de priorizar, ¿debería el Presidente de la Corte viajar tranquilo a sabiendas que una juez corre riesgos y el Organismo que él dirige le regatea hasta la gasolina?

Fuente: El Periódico

Contraloría General investigará a ex subdirector de Fonapaz


Los señalamientos afloraron ayer en contra de Elder Martínez quien fue trasladado al Consejo de Cohesión Social Urbano.

“Nos gastamos nuestros ahorros, casi todo lo que teníamos. No sabíamos cómo funcionaban las cosas hasta que empezamos a trabajar con Fonapaz. Nos exigieron hacer pagos en efectivo para liberarnos los cheques de pago. Adentro de las mismas oficinas hay un banco para cambiar el efectivo”. Son las palabras de la copropietaria de una pequeña constructora que ha obtenido algunos contratos con el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).

“Ojalá podamos tener evidencia del pago de comisiones en Fonapaz o en cualquier otra institución. Pero investigaremos los procedimientos y los actores responsables. Si Martínez está dentro del esquema administrativo estará sujeto a investigación”, dijo el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos.

Sin embargo, para el director de esa institución, Jairo Flores, señalamientos como estos provienen de “dueños de ONG molestos” porque les fueron retirados los contratos.

Fuentes del Congreso aseguran que el cobro de estas comisiones motivó el traslado de Elder Martínez –hasta el miércoles el segundo de abordo en el Fondo– al Consejo de Cohesión Urbano. Señalamientos que Flores rechaza en contra de quien asumió como Subsecretario de Coordinación Ejecutiva, cuando él lo hizo como Secretario en enero de 2009. Anteriormente Martínez, ingeniero de profesión, había sido interventor de Fegua.

No son las únicas denuncias en contra de Fonapaz. En una conversación telefónica con Mencos confirmó que la institución a su cargo sigue la investigación de tres denuncias: la primera es la solicitud de una auditoría general que Flores asegura haber solicitado. Pero a la que el jefe de la Contraloría se refiere es la de un denunciante anónimo que señala anomalías en varios de los proyectos. La segunda es por el cobro entre el 3 y el 5 por ciento del sueldo a los empleados. Las restantes piden indagar a las ONG Coprodesgua y Adefaco.

“Todos los que denuncian es porque vieron afectado un gran negocio…es normal que los constructores estén inconformes y que traten de desacreditarnos”, insiste Flores. “Cualquiera que haga una acusación de este tipo debe acudir al Ministerio Público”.

Acerca de los descuentos al salario de los empleados, Flores devolvió la llamada por segunda vez para explicar que a finales de julio giró una nota a la oficina de Recursos Humanos en la que aclaraba que en caso de existir cualquier cobro hecho por su antecesor Obdulio Solórzano “se notificará que no había ninguna obligatoriedad”. Se trató de hablar con Martínez pero no contestó las llamadas.

“¡Nada qué ver!”
Otras versiones apuntan a que la salida de Martínez obedece a una pugna por el control de la Metropolitana del partido oficial que domina Roberto Alejos o la Secretaría departamental a cargo de Christian Boussinot.

“¡Nada qué ver! Yo tengo tres meses de no hablar con el Presidente”, dijo Boussinot. Alejos también rechazó esta versión.

Fuente: Prensa Libre

Presidente de CSJ no informó de viaje de secretaria a Brasil

Érick Álvarez, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no informó al pleno de magistrados que llevaría a su secretaria Londy Castillo al viaje a Fortaleza, Brasil, según se constató en el acta 74-2009.

En ese documento solo se especifica la autorización de los magistrados para que Álvarez asistiera a la tercera reunión preparatoria de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas, efectuada en Fortaleza, Brasil, del 2 al 4 de diciembre del 2009.

Ambos salieron del país el 28 de noviembre, y retornaron el 7 de diciembre último. En el acta, los magistrados autorizaron a Álvarez al pago de boletos aéreos, viáticos e impuestos de salida.

Ese viaje representó para el Organismo Judicial (OJ) una erogación de Q129 mil. Álvarez gastó Q79 mil 84, y su secretaria, Q50 mil 47, entre hospedaje, alimentación y boletos aéreos, según el informe de la gerencia financiera del OJ.

Decisión del presidente
César Barrientos, presidente en funciones, manifestó que la autorización del viaje y los viáticos de Castillo fue una decisión de Álvarez, quien tiene esa facultad como presidente de la CSJ.

“Al pleno le corresponde autorizar las salidas de magistrados o jueces, y el personal administrativo es competencia del presidente”, aseveró Barrientos.
Si embargo, Luis Fernández, ex magistrado de la CSJ, indicó que en la anterior administración sí se debía autorizar la salida de cualquier empleado de la CSJ.

Comentó que en las actas del pleno debe especificarse si un magistrado viaja con colaboradores.

Álvarez se encuentra desde el 3 de este mes en República Dominicana, y retornará el próximo sábado. En este periplo lo acompaña su asesor Jorge Coloma, para participar en el encuentro de presidentes judiciales de España, Centroamérica y el Caribe.

La autorización del viaje de Coloma fue asentada en el acta 2-2010.

Fuente: Prensa Libre

Estructura criminal roba armas del Ejército


Dos investigaciones sobre el robo de 639 armas en el Ejército —una impulsada por la Cicig—, han dejado al descubierto una estructura criminal dentro y fuera de la institución militar que ha provisto de armamento a grupos del crimen organizado, principalmente a los Zetas, brazo armado del cartel del Golfo, de México.

La primera investigación está a cargo del Tribunal Militar, y en esta ya han declarado decenas de integrantes de la institución castrense, pero hasta ahora no se ha dado con los responsables.

La segunda de las pesquisas la impulsa la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual estableció que los robos fueron cometidos por una estructura criminal que podría incluir a personal y oficiales del Ejército vinculados con el crimen organizado.

En estas acciones se investiga a más de ocho militares que custodiaban el arsenal.

Entre los investigados podría encontrarse Carlos Toledo, quien solicitó la auditoría formal cuando se enteró del faltante en las armas; el mayor Jairo Sierra Sierra, encargado de la bodega ubicada en la referida brigada; y el capitán Pablo De León Franco.

Abraham Valenzuela, ministro de Defensa, dijo que la responsabilidad podría recaer en la cadena de mando.

La vinculación de quienes sustrajeron los pertrechos con el crimen organizado se ha podido comprobar al descubrir parte de estos en poder de zetas, durante los operativos efectuados contra ese grupo, en Guatemala y México.

La investigación de la Cicig, que lleva nueve meses, comenzó luego del intento de robo de droga en unas bodegas en Amatitlán, y luego se agregó el hallazgo de fusiles en poder de delincuentes.

Caso Mariscal Zavala
El primer caso se produjo en la Brigada Mariscal Zavala —la mayor base militar del país—, donde, según se reporta, de julio del 2007 a enero del 2008 fueron sustraídos 554 fusiles Galil calibre 5.56 mm, recibidos por esa institución en el 2004.

Existe una certificación firmada por Jairon Keny Sierra, jefe de Almacén clase V y VII, del Servicio de Material de Guerra, donde se establece que esas armas ingresaron el 25 de febrero del 2004 y que hasta el 2008 no tenía reporte de que hubieran egresado, pero ya estaban en manos de los Zetas.

El Tribunal de Guerra explicó que el expediente contiene miles de folios, y que aún está en fase sumaria (investigación). También se recuperó un fusil durante un allanamiento para dar con supuestos narcotraficantes, en Sacatepéquez.

Pero la pregunta que queda en el ambiente es: ¿cómo pudieron sustraer las armas, cuando la Mariscal Zavala cuenta con extrema vigilancia? Para responderla, los investigadores revisan dos sucesos que pudieron usar como fachada para sacar el armamento.

Uno ocurrió la noche del 17 de junio del 2005, cuando se dio la alerta del incendio en el almacén 11 del polvorín El Aceituno, en esa brigada.

Allí se mantuvo hermetismo, tanto que no se permitió el ingreso de bomberos para que atendieran a las supuestas víctimas. Dos días después, en conferencia de prensa, se informó que se iban a iniciar las investigaciones respectivas, pero estas concluyeron en nada.

En esa bodega se almacenaban explosivos de diverso tipo, que quedaron como inventario de la época del conflicto armado interno, el cual finalizó en 1996, con la firma de la paz.

Otra fecha en la que pudo haber sido sustraída parte de las armas fue en el 2007, cuando supuestamente se le vendieron a una empresa israelí armas en desuso, para que fueran destruidas, pero nunca se corroboró si así fue.

Caso Adolfo V. Hall
El segundo hecho pudo haber ocurrido en los últimos meses del 2009, en el Instituto Adolfo V. Hall de Chiquimula, de donde robaron 40 fusiles y 45 armas de fuego.

Por este caso se presentó la denuncia en enero último, y hace apenas tres días fue remitido a la Cicig.

“Administrativamente, vamos a tomar sanciones disciplinarias contra los responsables, pero esto es algo interno. El Ministerio Público hace su investigación, y ellos determinan el grado de responsabilidad de cada uno de ellos”, aseguró Valenzuela.

Agregó que las medidas internas van “desde la suspensión de empleo, y si el delito se tipifica por omisión, hay otras acciones, como entregarlo a la justicia”.

Valenzuela explicó: “Hay cinco o seis personas que forman la cadena de responsabilidades de la bodega del Adolfo V. Hall, incluido el director”.

Con dedicatoria
En al menos cuatro ocasiones se ha alertado del hallazgo de armas del Ejército en poder de los Zetas.

Por ejemplo, el fusil 115 mil 493, del Ejército, fue localizado durante un operativo contra supuestos zetas, en febrero del 2008, en Antigua Guatemala, y ya fue devuelto a la institución armada.

El segundo hallazgo, ocurrido el 27 de marzo del 2009, en Quiché, fue en un lugar de entrenamiento para narcotraficantes y un arsenal que tenía granadas del Ejército.

El 24 de abril del 2009, en las bodegas de una empresa ubicada en Amatitlán, se encontró un arsenal consistente en 584 granadas, un fusil, ocho minas antipersonales con su equipo, 11 ametralladores calibre 30 y unas nueve mil 487 municiones identificadas con las siglas IMG (Industria Militar de Guatemala).

En septiembre del 2009, el diario La Jornada, de México, publicó que lanzacohetes, lanzagranadas, fusiles de asalto y municiones del Ejército de Guatemala habían sido sustraídos por los Zetas el 20 de agosto del 2009.

El matutino reportó que las autoridades mexicanas se declararon en alerta, y que fueron informadas del robo de armas que había sido transportadas por tierra.
 

 





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