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Noticias nacionales al instante Noviembre 08, lunes

 

08:45 a.m.
Fuente: El Periódico

Fonapaz compra molinos
La beneficiada es Corporación Millenium de Guatemala, vinculada con la empresa que vendió juguetes a la Sosep en 2008 en una licitación anómala. Ese grupo aumentó sus ventas al Estado de Q1 millón a Q30 millones, en menos de 2 años.

Marvin Del Cid

El gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) adquirió 272 mil 727 molinos de nixtamal por medio del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) a un costo unitario de Q109.85, es decir, una compra total de Q29 millones 959 mil 060.

La empresa Corporación Millenium de Guatemala, S.A., que presentó la única oferta, fue la ganadora.

De acuerdo a una investigación realizada por elPeriódico, Millenium, S.A., es una empresa que según su razón en el registro mercantil se dedica a la distribución y manufactura de equipos de oficina, preimpresos y formas.

A pesar de que la inscripción de la empresa nada tiene que ver con la venta de molinos que sirven para moler granos como café y maíz, hoy día es proveedora de Fonapaz.

Además, esta es la licitación más alta que Millenium, S.A., gana y la primera que sobrepasa en Q1 millón.

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, cuestiona que una empresa que se dedica a vender equipos de oficina ahora venda productos que nada tienen que ver con ese rubro.

Por otro lado, Corporación Millenium, S.A., es una empresa que se funda durante el gobierno de la UNE para participar en contratos estatales, como se muestra en el Portal de Guatecompras Millenium, S.A., se inscribe en el registro 41230, folio 859 y libro 134 del 30 de julio de 1999, su representante es Armando Rafael González Ordóñez, el 2 de diciembre de 2008.

La misma familia tiene otras cuatro empresas, dos de las cuales también han obtenido contratos millonarios con el gobierno de la UNE en el mismo rubro: venta de útiles de oficina y en algunos casos otro tipo de productos.

El Artículo 31 de la ley de Contrataciones se establece que si se presenta un único oferente se podrá hacer la adjudicación siempre que “la proposición sea conveniente a los intereses del Estado”.

De acuerdo a las cotizaciones realizadas por elPeriódico con productos similares los precios son más bajos.

En una distribuidora cotizaron a Q115 cada uno, pero si la compra asciende los 5 mil, el precio se rebaja al por mayor a los Q100 por unidad.

En tanto que una segunda, ofreció cada uno a Q106. ¿Pero si se compran más de 10 mil?, fue la pregunta. La vendedora respondió que el precio puede ser de Q90 por unidad o menos.

Los socios de la empresa vinculados con la venta de juguetes a Sosep

Unos de los propietarios de Millenium, S.A., es Walter Salvador Coronado Dávila, quien a su vez es dueño de Laper, S.A., empresa que en octubre de 2008 obtuvo un contrato por Q4 millones 279 mil 250, para vender juguetes a la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep). El proceso estuvo lleno de irregularidades. El Comité Central de Acción Social (CCAS), la ONG que adjudicó esa compra se ha visto involucrado en anomalías, entre ellas malos manejos financieros.

La resolución SDECIDLCTA-AA-19-2010 que autoriza la compra de los molinos fue firmada por Jorge Sosa, subdirector Ejecutivo de Fonapaz y avalada por el director de esa institución, Jairo Joaquín Flores España.

En tanto que la junta licitadora estuvo integrada por: Carlos Rodrigo Moreira Estrada, Ilse Floricelda Morán Lem, María Eugenia Díaz Calderón, Mynor Manrique Morales Guerra y Oswaldo Santiago Granados Pixtún.

Los reparte el Consejo de Cohesión Social a cargo de Sandra de Colom


Pese a que fue el Fonapaz quien adjudicó la compra, los molinos son entregados por la esposa del Presidente, Sandra Torres de Colom, y tienen impresa la leyenda: “Consejo de Cohesión Social.

En total son 272 mil 727 molinos que serán distribuidos a nivel nacional de acuerdo a lo que establece el acta de adjudicación; sin embargo, no señala, quiénes serán los beneficiados ni en qué lugares.

Anabella De León, diputada del Partido Patriota, dijo que el caso es una muestra más de la forma en que se despilfarran los recursos del Estado.

Aníbal García, diputado del Movimiento Nueva República (MRN), resalta que la compra de estos molinos es un gasto para beneficiar a una empresa particular y que adicionalmente se utiliza con fines políticos, “Qué casualidad que los reparte la oficina de la Primera Dama, es una falta de respeto a la inteligencia de los guatemaltecos”.

Mientras se realizaba esta investigación, Fonapaz publicó anuncios en distintos medios de comunicación escritos y televisados para dar a conocer la forma en que se entregan los molinos.


08:40 a.m.
Fuente: El Periódico

Irregularidades en licitación para cámaras de Paradas
PNC y Gobernación licitan en la segunda fase 808 cámaras de vigilancia para paradas de transporte. No cuentan con rutas y dan 15 días para presentar ofertas.

Equipo de Investigación investigacion@elperiodico.com.gt

El pasado 23 de octubre, los directivos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación (Mingob) publicaron en el portal de Guatecompras el concurso de licitación identificado con el NOG 1338897. La compra de 808 cámaras de seguridad que serán instaladas en 350 paradas de transporte colectivo de las cuales están construidas 15 a la fecha.

El concurso identificado como Segunda Fase del Programa gubernamental Paradas Seguras para contratar el “arrendamiento con opción a compra de un sistema de video vigilancia electrónica, instalado en paradas de transporte público y sus centros de monitoreo”.

Según representantes de las empresas que ofertarán mañana, el valor de la compra que pretende hacer la PNC y el Mingob oscila entre los Q40 millones y los Q70 millones, y aseguran que existen interrogantes sobre las bases de licitación que no han sido resueltas por los administradores.

Agregaron que el proyecto es de arrendamiento del equipo con opción de compra y que el alquiler mensual se aproxima a los US$600 mensuales por cada una de las 808 cámaras, anualmente la empresa ganadora recibiría Q47.1 millones por alquiler del equipo de vigilancia.
Proponen prórroga y exponen irregularidades

Dentro de los cuestionamientos realizados en Guatecompras por las oferentes se encuentra la de Adriano del Valle que cita “La Solución SIP VoIP en cámaras es una solución propietaria del fabricante de la cámara por lo que solicitamos eliminarla”.

Según representantes de la empresa Suburbio, S.A., “las bases de licitación estipulan que las cámaras tengan incorporado un sistema llamado SIP VoIP, un dispositivo de audio para comunicarse desde la parada de bus hacia el centro de control y viceversa, y esto sólo es fabricado por una de las empresas participantes”.

elPeriódico consultó tiendas que distribuyen cámaras y constató que la única cámara que tiene integrado el SIP VoIP es la de marca Mobotic, distribuida por Intertelco, que ganó la cotización de cámaras de la primera fase el proyecto Paradas Seguras.

Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana dice que “cuando una entidad brinda pocos días para ofertar para un proyecto muy complejo y tiene especificaciones técnicas específicas causa duda de si se quiere favorecer a una empresa. Deben revisarse los tiempos y las bases de licitación para despejar esas dudas”.


08:30 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Mil 470 policías cuidan a 191 personalidades
Uno de cada siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegados en las calles del país no está disponible para cuidar a la población porque se dedica a velar por la seguridad de 191 personalidades, como funcionarios y sus familias, ex funcionarios, sindicalistas, diputados, ex diputados y diplomáticos.

POR SEGURIDAD Y JUSTICIA

La PNC tiene una fuerza básica de 23 mil efectivos; sin embargo, en cada turno solo hay distribuidos en forma permanente seis mil para toda la población; en contraste, mil 470 agentes se encargan de cuidar a personajes, lo cual el procurador de Derechos Humanos Sergio Morales interpreta como una distinción entre dos tipos de ciudadanos.

Ello contraviene el artículo 11 de la Ley de la PNC, que establece en el inciso B que esta debe “actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad y sin discriminación alguna, por razón de raza, religión, sexo, edad, color, idioma, origen, nacionalidad, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social u opinión”.

Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, quien ha dado seguimiento a esta situación, expuso: “Cuando es necesario, se debe asignar agentes para cuidar a quienes, por su trabajo, se ven en peligro, pero consideramos que hay muchos familiares de funcionarios, miembros de partidos o ex funcionarios que no deberían tener un aparato de seguridad tan grande”.

“Eso nos hace pensar que para las autoridades hay ciudadanos de primera y segunda categoría”, señaló Polanco, quien ha dado seguimiento al asunto, aunque parte de la información que ha solicitado, como las comisiones extra que ganan los agentes, le ha sido negada.

Faltan efectivos
En repetidas ocasiones, el Gobierno ha declarado que faltan agentes. Según estándares internacionales, cada policía debe cuidar a unos 365 ciudadanos; la ONU establece como promedio aceptable 2.8 policías por cada mil habitantes; sin embargo, en Guatemala hay un agente activo por cada dos mil guatemaltecos; cuando excepcionalmente se suspenden los descansos y vacaciones, la cuenta queda en un agente por cada 600 habitantes.

No obstante, para funcionarios, ex funcionarios, diputados, ex diputados y personas allegadas, la cuota de seguridad es mayor a la del resto de guatemaltecos. Quienes menos resguardo tienen cuentan con dos agentes por turno, mientras otros se movilizan con más.

Un ejemplo es la ex viceministra de Gobernación y ex directora de la PNC Marlene Blanco Lapola, quien dispone para su seguridad de seis efectivos por turno, mientras que Francisco Cuevas, también ex viceministro de Gobernación, es acompañado por dos.

Hay 21 diputados y cinco ex diputados, quienes tienen al menos dos elementos de la PNC por turno. Retirar ese privilegio no es fácil. “Los primeros en saltar, son los diputados; ellos exigen, hacen, piden y no quieren que se les reproche el costo que tiene el darles seguridad adicional”, manifestó Helen Mack, comisionada para la Reforma Policial.

Derecho a la seguridad
Constitucionalmente, todos los guatemaltecos cuentan con seguridad de la Policía, aunque existen, según el Ministerio de Gobernación, 14 municipios que, por diferentes causas, no tienen estaciones ni subestaciones de la PNC a donde puedan abocarse los ciudadanos. En muchos casos ello obedece a la falta de agentes.

El país registra un promedio de 48 homicidios por cada cien mil habitantes y hasta septiembre último se contabilizaban cuatro mil 364 muertes violentas. La suma de robos de distinta índole llegaba a 11 mil 609.

El volumen de solicitudes de seguridad a personalidades es tal que la PNC incluso tiene una División de Protección y Seguridad, de donde sale el 76.7 por ciento de los agentes que cuidan a sujetos específicos.

Pero al no darse abasto, el resto de unidades dan apoyo. De esa cuenta, el 1 por ciento de los mil 470 agentes que cuidan a personajes sale de la División de Operaciones Conjuntas; el 7.1 por ciento es de la División de Fuerzas Especiales, y el resto es provisto por las diversas comisarías.


08:25 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Falsifican y venden títulos de secundaria
Investigaciones efectuadas por directores de algunos colegios y abogados asesores detectaron que existen bandas que falsifican diplomas y títulos de diversificado que incluso han servido para que personas consigan empleo en el Ministerio de Educación o en la Policía Nacional Civil.

POR FRANCISCO MAURICIO MARTÍNEZ

Las pesquisas determinaron que en estos hechos están involucrados tramitadores, autoridades de colegios llamados “de garaje” —pequeños y con pocos estudiantes, en la jerga educativa— que funcionan en varios sectores de la capital.

La manera más frecuente de cometer estos hechos ilícitos es cuando un establecimiento falsifica el expediente de un ciclo y lo presenta al Ministerio de Educación (Mineduc) para obtener el título. Otras veces falsifican los certificados y utilizan el nombre de un plantel de prestigio, sin que este tenga conocimiento del uso de su marca.

Otra forma, que es la más burda y rápida, se da cuando con impresoras digitales reproducen títulos y diplomas, sin elaborar expediente, para lo cual emplean firmas y sellos falsos, así como usurpan el nombre de planteles que funcionan legalmente.

Manos en la masa
Uno de los muchos casos es el de Juan Ramón Baltazar, quien trabaja en una escuela oficial. Se descubrió que empleó un título falso cuando solicitó su ascenso de escalafón a la Junta Calificadora de Personal del Mineduc.

Al revisar su documentación, la Junta sospechó de la validez de su título, por lo que mediante el oficio No. 350/2009, de fecha 29 de julio del 2010, solicitó a un colegio privado de la zona 12 información de la legalidad del título de Magisterio de Baltazar.

La respuesta fue contundente: según los cuadros de registro, Baltazar nunca estudió allí, ya que “no aparece en los cuadros de calificaciones ni tampoco en los libros de inscripciones y el sistema informático”.

Este título fue emitido en octubre de 1997, cuando en ese establecimiento aún no se impartía la carrera de maestro de educación primaria urbana.
Así como este se han ocurrido otros casos de maestros que ejercen con títulos ilegales.

Un caso en la PNC
En la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC) se han descubierto varios títulos falsos. El último fue el 28 de este mes, cuando la Unidad de Verificación de Antecedentes (UVA) se presentó en un colegio donde supuestamente un estudiante se había graduado de bachiller. Las autoridades le mostraron al subinspector de la UVA, Dennis Gordillo, los cuadros de inscripción y la nómina de egresados y comprobó que el alumno nunca cursó estudios allí.

Gordillo explicó que en el caso citado sospecharon que el título era falso, debido al formato, firmas y sellos.

Desde hace tiempo
Las falsificaciones se cometen desde hace años y en todos los ciclos. Un ejemplo es que el 20 de febrero del 2006, la Dirección Departamental de Educación de Guatemala detectó la falsificación del certificado de sexto de primaria de un tal Abbiruth Arnau González.

Según el abogado asesor de colegios Omar Barrios, los responsables de estos hechos comenten los delitos de falsedad ideológica y material, así como al uso de esos documentos.





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