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03:32 p.m.
Fuente: Emisoras Unidas 89.7 FM

Detienen a dos empresarios por defraudación fiscal
Las fuerzas de seguridad han capturado en la última semana a dos empresarios guatemaltecos, acusados de millonarias defraudaciones tributarias al Estado, informó hoy una fuente policial.

El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Donald González, dijo a periodistas que el empresario Jorge Alejandro Fischer Torres, fue detenido hoy en un exclusivo sector del sur de la capital, acusado de defraudar al fisco más de 31 millones de dólares en 2007.

Fischer, de 46 años de edad, tenía abierto dos procesos judiciales por millonarias defraudaciones tributarias al Estado de Guatemala, aseguró.

En uno de los procesos se le acusa de defraudar al fisco por 108.047.969 quetzales (13.096.723 dólares).

Según González, la otra acusación es por la defraudación de 147.805.431 quetzales (17.915.810 dólares).

En total, la suma defraudada al fisco durante el 2007 supera los 255,85 millones de quetzales (31,01 millones de dólares), precisó la fuente policial.

González dijo que agentes de la PNC junto a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), investigan las anomalías cometidas por Fischer.

Según las investigaciones, al parecer el guatemalteco utilizó cuatro empresas de cartón (de fachada) para realizar operaciones que le permitieron defraudar al Estado, anotó.

El responsable de asuntos jurídicos de la SAT, Carlos Villatoro, explicó a una radio local que hasta el año pasado concluyó la investigación y auditoría en las empresas de Fischer, en las que se detectó las anomalías por lo que se pidió a los tribunales su captura.

Este es el segundo empresario que es capturado en menos de una semana en Guatemala por defraudación tributaria.

La semana pasada fue detenido Luis Fernando Zaid Echeverría, acusado por la SAT de haber defraudado al fisco en 2006 unos 2,5 millones de dólares.

La SAT investiga en la actualidad unos 90 casos de defraudación en empresas vinculadas a las maquilas, el café y cardamomo, entre otras.

En diciembre pasado el titular de la SAT, Rudy Villeda pidió a la Corte Suprema agilizar los diferentes procesos judiciales que se han presentado por defraudación de unos 698,7 millones de dólares.

09:20 a.m.
Fuente: Emisoras Unidas 89.7 FM

Érick Álvarez debe reintegrar parte del gasto del viaje a Brasil
El jefe de la Contraloría General de Cuentas, Carlos Mencos, declaró que este día se va a reunir con Érick Álvarez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, para informarle que debe reintegrar parte de los 129 mil quetzales, que gastó junto a su asistente, Londy Castillo, en un viaje a la ciudad de Fortaleza, en Brasil

El funcionario agregó que aún no conoce el monto del reintegro.

Álvarez viajó en diciembre a una Cumbre Iberoamericana. La Corte Suprema de Justicia guatemalteca pagó boletos de avión, hospedaje, alimentación, viáticos e impuestos.

Álvarez justificó el viaje de sus asistente porque mencionó que el no habla portugués y Castillo si.

Fuente: Siglo XXI

Siete magistrados pedirán informe a Presidente del OJ


Miembros de la Corte Suprema de Justicia esperan que Érick Álvarez les explique mañana sobre periplo a Brasil. Titular de la CSJ ha guardado silencio desde que se divulgó el viaje a Fortaleza, y luego viajó a República Dominicana.

Siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) piden al presidente del Organismo Judicial (OJ), Érick Álvarez Mancilla, que explique el viaje de 10 días a Fortaleza, Brasil, acompañado por su asistente Londi Valeska Castillo Pineda, por el cual recibieron viáticos por Q129 mil.

Álvarez participó en la tercera reunión preparatoria de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana, la cual se llevará a cabo en Uruguay, a finales de abril. Luego de que Siglo Veintiuno publicó el gasto en el periplo, el 2 de febrero, Álvarez se ha negado a dar información sobre el viaje.

La Constitución, la Ley de Probidad y la Ley de Acceso a la Información Pública establecen que los funcionarios y empleados públicos están obligados a dar explicaciones de su conducta oficial, lo cual obliga a Álvarez a informar, indicaron los juristas Anabella Morfín y Mario Fuentes Destarac (vea: Sin excusas).

Álvarez se ha negado a dar explicaciones sobre el uso de fondos públicos con los cuales se pagó el periplo a Brasil, y al siguiente día viajó a República Dominicana, esta vez acompañado de su esposa, Gabriela de Álvarez y el asesor Jorge Francisco Coloma Estrada.

El artículo 154 de la Constitución establece: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”.

Morfín, presidenta del Centro para la Defensa de la Constitución, señaló que Álvarez “está harto obligado a informar”.

La Ley de Probidad, en el artículo 20, señala: “Todos los que manejen, administren o inviertan fondos públicos, con cualquier fin, están obligados a rendir cuentas” (lea: Espada: Debe aclararlo).

Otro caso de negativa a explicar el uso del erario es el del Ejecutivo por los beneficiarios del programa de Cohesión Social Mi Familia Progresa, el cual coordina la primera dama Sandra de Colom, quien durante el fin de semana dijo que las críticas “le vienen del norte”.

En este caso, Fuentes Destarac señala que “habría que ver si ella tiene carácter de funcionario o empleado público. Es parte de la investigación que hay que hacer”.

En el pleno
Rogelio Zarceño, magistrado de la CSJ, sobre el viaje de Álvarez, indicó: “Como Corte tenemos que pedir alguna explicación sobre el viaje, porque, según la noticia difundida, se informó que todos los gastos de hospedaje de estadía estaban incluidos en la invitación. Definitivamente, vamos a pedir una explicación”.

En esto coincidieron los miembros de la CSJ César Barrientos Pellecer, Gabriel Medrano, Thelma Aldana, Luis Pineda Roca, José Arturo Sierra y Luis Arturo Archila, al manifestar que Álvarez debe entregar cuentas sobre el viaje realizado, y el momento adecuado para ello será el pleno de mañana.

La analista Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, manifestó que los integrantes de la CSJ deben pronunciarse sobre el viaje de Álvarez. “Esta situación está provocando un deterioro al OJ y se necesita que intervengan los magistrados; no pueden quedarse con los brazos cruzados, ni en silencio, ante la situación que ha generado su Presidente. Si ellos callan y se tapan con la misma chamarra, serán corresponsables”, dijo.

El contralor Carlos Mencos dijo que está pendiente de concluir una auditoría de los gastos en el viaje de Álvarez y que, preliminarmente, lo que se prevé es que Castillo tendrá que devolver los viáticos, debido a que el pleno de la CSJ sólo autorizó el viaje del Presidente del OJ y no el de su asistente.

ESPADA: DEBE ACLARARLO
“El presidente de la Corte Suprema de Justicia debe aclararlo públicamente. Es una acción del sistema judicial, él es la máxima autoridad; él tiene la autoridad de aclararlo públicamente. No me atrevería a darle mi opinión personal, porque no sé exactamente los detalles”. Así se expresó el vicepresidente Rafael Espada al ser consultado sobre el viaje de Álvarez a Brasil.


Fuente: Siglo XXI

Explican parte del lío por magdalenas


La compra de magdalenas con la fotografía del presidente Álvaro Colom y su esposa Sandra de Colom, para regalar a familias de escasos recursos en la Navidad pasada, sigue dando de qué hablar.

En conferencia de prensa, funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP) dijeron que no compraron 5,625 magdalenas a la empresa Discopo S.A, tal y como lo señaló la diputada Nineth Montenegro, el 2 de febrero.

Montenegró señaló en aquella ocasión que la empresa Discopo era “fantasma, porque no se encontró en la dirección fiscal”, y sostuvo que fue a esa
compañía a la que la SBSP compró las magdalenas.

Silvia Palomo, titular de la SBSP, aseveró que en noviembre la entidad que dirige “levanta un evento y participa una única empresa que se llama Discopa, no como dijeron maliciosamente, Discopo, que era una de zapatos, sino que esta es una empresa dedicada a hotelería”.

Luego de la adjudicación la empresa, según Palomo, les comunicó que no podía cumplir con el pedido, por lo cual se desestimó el evento.

Según Palomo, no se pudo anular el concurso en Guatecompras, porque “el 23 de diciembre a las 2 de la mañana se cierra el sistema y no se puede levantar esta cancelación”.

Palomo enfatizó: “Nunca se suscribe un contrato con Discopa, y se realiza una compra directa a Copasa”. La funcionaria indicó que entre 50 mil y 56 mil magdalenas más fueron compradas por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).

En total, según Montenegro, entre al SBSP y la SOSEP se gastaron Q1.7 millones en la compra de magdalenas.

Techo límite
Palomo dejó entrever que la intención desde un inicio fue fraccionar la adquisición, pues antes del evento de noviembre se hizo otro, pero “la empresa que cotizó y licitó para este evento se pasó del monto requerido que son Q900 mil y, por lo tanto, no se adjudicó”.

Al ser consultada sobre la explicación de la SBSP, Montenegro sostuvo: “Yo tendría que ver, porque tengo ahí las páginas de los comprobantes y que ellos efectivamente hicieron estas compras con esta empresa. Tengo el número de NIT y el pago que se les hizo. Aparentemente está pagado”.

La diputada recalcó: “Sí, efectivamente, el 23 de enero ya aparece como que se le rescinde el contrato; sin embargo, anteriormente se había contratado a esa empresa, se repartieron las magdalenas, se agotó todo y literalmente el 23 de enero dan marcha atrás, luego que nosotros empezamos a investigar. Tengo las pruebas, ahí están los pagos que les hicieron”.

Fuente: El Periòdico

Las medidas anticorrupción propuestas a Rafael Espada

Se trata de un documento entregado por Global Financial Integrity en el que se recomiendan medidas para evitar “sobrefacturaciones” y “subfacturaciones”.

La semana pasada un grupo de empresarios se reunió a cenar con el vicepresidente Rafael Espada. El propio vicemandatario cuenta que estaban interesados en ver “la lista” de evasores que según ellos entregó a Carlos Castresana unos días atrás y que sumarían un millar.

Sin embargo, se trata de una serie de recomendaciones que Global Financial Integrity (GFI) hizo al país, explica.

Fuentes del Ejecutivo y el opositor Alejandro Sinibaldi aseguran que la conferencia de prensa en la que Espada hace 2 semanas señaló a los empresarios de sobrefacturar y subfacturar hirió susceptibilidades entre los empresarios. Según el GFI Guatemala dejó de percibir US$344 millones en exportaciones y US$901 millones en importaciones “subfacturadas”, citando estadísticas del Fondo Monetario Internacional entre 2003 y 2006.

Como medidas correctivas en el caso de los licitadores en contratos para el Gobierno, GFI propuso además de declaraciones de propiedad más detalladas, sanciones drásticas para quienes proporcionen datos falsos: la cancelación del contrato o de los pagos, la anulación de los derechos del firmante y el postor de la oferta con futuros contratos de Gobierno.

Mercancías: ni muy caras ni muy baratas
GFI recomendó en el caso de las exportaciones y las importaciones el uso de la base de datos Internacional Price Profiling System (IPPS). El sistema permitiría “identificar productos y bienes (mercancías) que han sido excesivamente caros o se han vendido demasiado baratos, de vez en cuando o sistemáticamente y la capacidad de usar la base de datos en los puertos de entrada de modo que los funcionarios de aduana sean capaces de determinar si el precio contra una factura es dentro de una gama aceptable para aquelartículo en particular, permitiendo a la aduana parar importaciones o exportaciones”.

GFI ofreció incluso un mes gratuito el sistema de IPPS.
Las formas de factura de importación propuestas contendrían un párrafo para ser firmado por el exportador y por el importador, que confirman la acción de poner el precio de mercado mundial para que el IVA, derechos de aduana, o impuestos sobre ingresos no puedan ser manipulados.

GFI aclara que en el caso de exportaciones en Estados Unidos, ya requieren que bancos proporcionen tal verificación de precios bajo normas puestas por el Consejo de Exámenes de Instituciones Financieras Federal y además advierte que para Guatemala, que es uno de los suscriptores del CAFTA, es importante promulgar normas de precios de transparencia.

Muchas de las exportadoras y multinacionales recurren a filiales para completar una venta a un “precio artificialmente bajo” para generar mayores ganancias pagando tasas más bajas.

Muchos países cuentan con sistemas de empresas sujetos a transacciones con paraísos fiscales. Como parte de las medidas de control antievasión y de lavado de dinero se sugiere que el auditor deba estar obligado a certificar que la transacción no viola las normas de fijación de precios de transferencia.

Fuente: Prensa Libre

Presidente de CSJ deberá reintegrar dinero por viaje a Brasil

La Contraloría General de Cuentas informará hoy al magistrado Erick Álvarez, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que debe reintegrar parte de los Q129 mil que gastó en un viaje a Brasil a donde lo acompañó su asistente.

El jefe de la Contraloría, Carlos Mencos, dijo a Emisoras Unidas que durante el día se reunirá con Álvarez para informarle sobre los resultados de una auditoría efectuada al viaje que hizo al país sudamericano.

Adelantó que se debe efectuar un reintegro, según le han informado los responsables de la fiscalización, aunque dijo que desconocía el monto.
Álvarez viajó en diciembre a una cumbre iberoamericana de presidentes de las cortes Supremas en la ciudad de Fortaleza. La CSJ costeó boleto de avión, hospedaje, alimentación, viáticos e impuestos.

El presidente gastó Q79 mil 84 y su asistente, Londy Castillo, Q50 mil 47.

Fuente: Prensa Libre

PNC denuncia estafa en compra de combustibles

El Ministerio de Gobernación está a punto de perder Q52 millones 90 mil, que fueron entregados a la empresa Proyectos Maskana, S. A., para la adquisición de cupones canjeables por combustible para la Policía Nacional Civil (PNC), pero después de cinco meses no se han podido canjear en las gasolineras.

A Maskana, considerada ahora por las autoridades como una empresa de cartón, le bastaron 10 meses desde su creación para conseguir un contrato millonario con el Estado, sin que nadie verificara si era proveedora de combustible, cuál era su capital social, quiénes eran sus socios o si existía físicamente.

La problemática de Gobernación no solo se basa en la pérdida de los Q52 millones, sino además en que ahora seis mil 916 autopatrullas del país no tienen combustible para vigilancia.

En el caso ya se ha involucrado la Fiscalía contra la Corrupción, que desde el jueves último investiga a los representantes legales de esa entidad después de que Aníbal Ventura, jefe interino del Departamento de Material Móvil de la PNC, presentó la denuncia.

En la acción parcial identificada con el número MP001-2010-11320 se explica que Edwin Molina Leal, administrador de combustibles, detectó que al menos cinco departamentos carecían de carburantes y que los cupones que poseían no los podían canjear, porque los distribuidores de hidrocarburos indicaban que los vales ya no eran aceptados debido a que la empresa incumplió con los pagos, pese a que Gobernación le entregó los fondos.

Entre las afectadas están las delegaciones policiales de San Marcos, El Progreso, Quetzaltenango, Izabal y Sacatepéquez.

Baltazar Gómez, director de la PNC, afirmó que procedieron legalmente, por las irregularidades de la citada empresa.

Historia de los contratos
En mayo del 2009, la PNC convocó a una licitación por Q120 millones, y el 22 de julio de ese año ganó el concurso Blue Oil, S. A. Sin embargo, el contrato nunca entró en vigor.

Luego, cientos de agentes policiales se quejaron por la falta de carburante para sus autopatrullaje y que ninguna gasolinera les daba crédito, porque debían Q28 millones a sus proveedores.

En septiembre último, Gobernación emitió el acuerdo gubernativo 248-2009, que autorizaba a la PNC a comprar combustible sin licitar. En ese momento la Policía decidió que Maskana se encargara del programa.

Todo el dinero fue adjudicado a dicha empresa sin hacer una sola cotización.

Según el portal de Guatecompras, el primer contrato se realizó el 18 de septiembre del 2009, por Q40 millones, entre el director de la PNC y Carlos Rodolfo Ocampo Barrera, representante legal de la mencionada empresa.

Diez días después, ese contrato fue avalado por Raúl Velásquez, ministro de Gobernación, según la resolución 001010.

Luego, la cartera del Interior hizo otras cuatro compras de manera directa con dicha entidad, por Q12 millones 90 mil.

De reciente creación
La empresa Proyectos Maskana, S. A., fue creada el 11 de noviembre del 2008, según la escritura número uno de la abogada Karla Virginia Mayorga Pineda.

Ante ella comparecieron Vilma Leticia Xiloj Chaicoj y Lusaela Antonieta Maquín Rendón, de 34 y 25 años, quienes laboran como empleadas domésticas.
Según la escritura, el objetivo de la empresa es la planificación, el diseño, la supervisión y la ejecución de obras de infraestructura pública y privadas; explotación de todo tipo de recursos naturales, forestales y mineros, manejo integral de cuencas hidrográficas, demoliciones de todo tipo, producción, compraventa, arrendamiento y otros.

Mayorga indicó respecto de lo anterior que la empresa fue creada a petición de tres personas. Afirmó: “Tengo entendido que ellas vendieron la sociedad”.
Pero la notaria dijo que no tenía en mente el nombre de las personas que constituyeron Proyectos Maskana, S. A. “En este momento no le puedo decir, porque eso fue hace casi un año y realmente no me recuerdo de los datos”, declaró.

Añadió que ahora trabaja como directora de transparencia fiscal del Ministerio de Finanzas.

“La verdad yo no le sabría decir, eso fueron cuestiones de la profesión que uno hace, pero de allí no tengo más información. Uno no sabe de la vida privada de los clientes. Ellos ya no son mis clientes”, señaló.

Sin responder y aparecer
Prensa Libre buscó a Ocampo Barrera, pero no lo localizó. También se habló con Rafael Paredes Kress, otro de los representantes, quien solo dijo que hoy podrían dar su versión.

Aunque Maskana está inscrita en el expediente 57660-2008 del Registro Mercantil, su sede social no aparece.

Una patente de comercio indica que se encuentra en el edificio Aristos Reforma, zona 9, pero según la administración de este, esa empresa nunca ha estado allí.

Otra dirección que utiliza es el 6o. piso del edificio de la Cámara de Industria. Sin embargo, representantes del lugar explicaron que Maskana ocupaba desde el 1 de octubre del 2009 un espacio que fue alquilado por Proyectos El Triángulo, S. A., lo que contravenía el contrato firmado con esta última.

Ante esto les solicitó desocupar dicha oficina, lo cual ocurrió el 15 de enero último.

Jorge Luis Serra, ex socio fundador de la empresa Proyectos El Triángulo, explicó que dicha entidad se le vendió a Maskana a principios del 2009.

“Nosotros teníamos una empresa sin movimiento, con una licencia de importación, pero nunca importamos nada y se la vendimos a Maskana, pero no tenemos nada que ver con ellos”, aseguró Serra, quien no proporcionó datos de los actuales propietarios de la empresa.
Prensa Libre intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con Velásquez, pero este no respondió a las llamadas.

Fuente: Prensa Libre

Empresa criticada abasteció de comida a escuelas abiertas y a reclusorio

El nombre Discopo, S. A, conocida como Mundo del Zapato, no es nuevo en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP), ya que en dos ocasiones la ha contratado como proveedora de comida para reclusorios y escuelas abiertas.

Discopo, S. A, que logró en diciembre del 2009 un contrato con la SBSP por Q875 mil —que luego le fue rescindido por no haber entregado a tiempo más de 50 mil magdalenas navideñas—, también ha sido contratada para proveer de alimentos a los reformatorios y a los participantes del Programa
Escuelas Abiertas, en diciembre del 2008.

La empresa reportó en el Registro Mercantil una dirección de la zona 10, donde opera un taller mecánico desde hace seis años, y luego otra, en la misma zona, pero en una oficina de un centro comercial donde solo hay un escritorio a nombre de Discopo, S. A.

Silvia Palomo de Chavén, secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, aseguró que por medio de una compra directa le adjudicaron a Discopo, S. A., los almuerzos que fueron servidos durante el Programa Escuelas Abiertas, por Q82 mil 875, y la adquisición de alimentos para jóvenes que se encuentran en aquel reclusorio, por Q76 mil 800.

La funcionaria aseguró que por el tipo de compra directa le basta a la SBSP que las empresas oferentes presenten su Número de Identificación Tributaria y el aval de la Superintendencia de Administración Tributaria.

“Les hemos comprado, y los concursos aparecen en Guatecompras, porque la empresa está habilitada para ser proveedora del Estado”, afirmó.
 

Para más información ingrese a: La extraña compra de las 5 mil magdalenas
 





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