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08:50 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Sector privado exige seguridad en Antigua
La tranquilidad en Antigua Guatemala no solo atrae a los turistas, sino a delincuentes que han hecho de la ciudad un lugar ideal para robar vehículos, asaltar a turistas y saquear comercios, como lo demuestran los índices delictivos, y por ello el sector productivo exige atención por parte de las nuevas autoridades.

POR MIGUEL LÓPEZ Sacatepéquez

Según registros de la Sección de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), 345 automotores y 135 motocicletas fueron robadas en el departamento durante el 2011, con el mayor número de casos en la ciudad de las perpetuas rosas.

Afecta la economía
Otto García, presidente de la Cámara de Comercio de Sacatepéquez, aseguró que este problema preocupa al sector privado de Sacatepéquez, ya que el robo de vehículos y comercios ha alcanzado a empresarios locales e impacta también en quienes intervienen en la actividad económica.

“Esperamos que el nuevo gobierno genere respuestas y acciones claras e inmediatas”, expresó García, quien pidió que las sugerencias en materia de seguridad del empresariado sean atendidas para poder contrarrestar esta situación.

A la postura de la Cámara de Comercio se unen representantes del Comité de Autogestión Turística (CAT) de Sacatepéquez, quienes repudian los altos niveles de hurto y robo en establecimientos, ya que la inseguridad incide en forma negativa en el turismo nacional y extranjero.

Luis Reyna, presidente del CAT, recomienda que debe haber coordinación entre las divisiones de la Policía, ya que no han logrado contrarrestar los hechos delictivos, que tanto dañan la imagen de la ciudad en el exterior.

“La visita de turistas se ve afectada por esta falta de coordinación entre las divisiones policiales”, señaló Reyna.

Lavadores de vehículos
De acuerdo con la PNC, en lo que va del 2012 la cifra se ha mantenido y se ha reportado el robo de al menos 17 automóviles y siete motos.

En los últimos días, las redes sociales han sido el sitio donde los pobladores manifiestan su malestar, pues aseguran que hay complicidad entre delincuentes y quienes limpian vehículos.

Las personas denuncian que si el vecino o visitante no acepta que le limpien el auto, estos son saqueados o rayados, mientras que las autoridades municipales cobran por estacionamiento, sin hacer nada a favor de los visitantes.

Según Óscar Navas, vocero del ayuntamiento antigüeño, se harán operativos en conjunto con la Policía, para identificar y retirar a los lavacarros de la zona urbana.

“Hay denuncias contra estas personas, porque se asegura que roban radios y cobran hasta Q30 por adelantado, y si no se les paga dañan los vehículos”, resaltó.

Solicitan colaboración
“Buscamos minimizar el índice delictivo en el departamento, por lo que necesitamos la colaboración de la población”, expresóÉrick Tórtola, jefe de operaciones de la Comisaría 74, quien agregó que la confianza de la población es vital para coordinar una buena seguridad.

Invitó a los vecinos a que se acerquen a la sede policial y aporten información concreta que permita contrarrestar la inseguridad.

Tórtola agregó que los vecinos pueden organizarse en juntas locales de seguridad, con el objetivo de prevenir los delitos que se registran en la ciudad y en el resto de municipios de Sacatepéquez.

Los robos a comercios es otro de los males que afecta a Antigua Guatemala, ya que el 12 de enero último delincuentes perpetraron un robo en una reconocida farmacia, en la calle Santa Lucía Norte número 40, donde los ladrones abrieron los candados y sustrajeron medicamentos y Q6 mil 200 en efectivo.


08:40 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Diputados presionan por reparto de plazas
La junta directiva del Congreso está siendo presionada para contratar a 474 personas, por recomendación de los diputados, quienes las requieren como parte del reparto que deben hacer de esas plazas para pagar favores políticos.

POR KAREN CARDONA

Aunque en el Organismo Legislativo hay más de mil 200 empleados permanentes con jugosos sueldos, suficientes para atender a los 158 diputados, los legisladores exigen que se contrate personal de su confianza y a allegados suyos, quienes los ayudaron durante la campaña electoral.

Sin requisitos
Según la nómina de empleados a la que tuvo acceso Prensa Libre, para el 2012 están disponibles 474 plazas para ser repartidas entre los 158 legisladores, por disposición de la Ley Orgánica del Legislativo.

Esas contrataciones deberán ser autorizadas por el presidente del Congreso, Gudy Rivera. Figurarán bajo el renglón 0-22, donde tendrán derecho a todas las prestaciones, en cargos como asistentes, secretarias y conserjes.

La normativa referida establece que cada diputado tiene derecho a contratar una secretaria, un asistente y un conserje cada año. Los sueldos para esas plazas van desde Q5 mil 500 hasta Q9 mil o Q15 mil, cuando se requiere de un profesional universitario.

La Dirección de Recursos Humanos del Legislativo no establece mecanismos para reclutar al personal y por eso los títulos universitarios no serán determinantes, ya que para eso basta con que un diputado pida la contratación de la persona que él elija.

Aumenta Nómina
Sin embargo, las componendas políticas no se quedan ahí. También hay favores políticos que se ocultan bajo el renglón 0-29, en donde caben asesores cuyos sueldos oscilan entre Q10 mil y Q20 mil.

En ese rubro se contrata a más de 190 personas. Allí figuran nombramientos de familiares de diputados y allegados políticos. En algunos casos las contrataciones se justifican por ser asesorías para leyes específicas que requieren de especialistas, pero en otros los favorecidos carecen de preparación académica.

Datos oficiales muestran que el 83 por ciento de los Q511 millones asignados al Congreso para este ejercicio fiscal se gastarán en sueldos, incluido el de diputados y otros beneficios.


08:30 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Jorge Lavarreda: “Es evidencia de mala gestión financiera”
Jorge Lavarreda, economista y experto en presupuesto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, aconseja transparentar la ejecución de préstamos y que el Congreso cumpla con fiscalizar.

POR LEONEL DÍAZ

¿Qué opina del aumento en las multas?

Obviamente son una evidencia de mala gestión financiera y se refleja en el aumento de la tasa de penalización.

Además, para que eso suceda debe ser una situación muy grave.

Los bancos tienen parado el dinero y por eso se hacen estas medidas, para desincentivar la baja ejecución; sin embargo, pasa, eso es algo grave.

¿Qué recomienda para controlar el problema?

Es recomendable que sea uno de los indicadores de gestión pública y que cada cartera individualice y divulgue cómo ejecuta cada crédito que tiene a su cargo.

La información debe entregarse al público y el Congreso debe cumplir su papel, que es velar y estar detrás de que lo aprobado se lleve a cabo según lo planeado.

Es vital ver a futuro y aumentar la información pública respecto al endeudamiento.

¿Es eso suficiente?

El tema debe ser uno de los indicadores básicos de gestión y explicar cuánto se paga de interés y las razones.
Además, antes de pedir más deuda es importante cerrar lo que se tiene y no solo buscar nuevas fuentes sin aprovechar los recursos que ya se poseen.

¿Se debe continuar con toda la cartera de préstamos?

Es un proceso largo y también es bastante el plazo que dan los bancos para cumplir.

Para que se atrasen tanto debe ser algo muy grave.

Se debe definir si se van a ejecutar o pedir una desobligación total o incluso la reasignación de la deuda, para poder empezar de nuevo.


08:20 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Penalidades paga todo el país por no usar créditos a tiempo
Las multas cobradas por bancos internacionales a Guatemala se incrementaron en 70 por ciento en poco más de dos años, lo cual sumado a los intereses ubica el costo de la deuda en Q510 millones.

POR LEONEL DÍAZ ZECEÑA

Al 30 de septiembre del 2009, las multas se ubicaban en Q44.81 millones, y al 31 de diciembre último ya eran Q76.5 millones; además, los intereses acumulados subieron de Q247.7 millones a Q433.9 millones en ese lapso, según datos del Ministerio de Finanzas (Minfin).

“En el país las multas deberían ser mínimas, y con esos recursos mejor resolver problemas serios de seguridad, salud y educación”, dijo el economista Juan Alberto González, investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Los Q76.5 millones de las multas equivalen al valor de construcción de 24 centros o 56 puestos de Salud, según datos del ministerio del ramo; también a la edificación de 110 escuelas de seis aulas y dos baños, como la construida por Japón en la aldea Los Limones, Gualán, Zacapa, que fue entregada el lunes último.

Esos recursos serían suficientes para comprar 400 autopatrullas, que la Contraloría General de Cuentas valora en cerca de Q190 mil cada una, o dotar de equipo a 2 mil 300 agentes, a razón de Q33 mil cada uno, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación.

Los retrasos

Hasta el 31 de diciembre último, el Minfin da cuenta de 41 préstamos en fase de ejecución, de los cuales 21 tienen multas por retrasos.

“Las multas se producen porque no se desembolsa cuando está programado; el banco internacional da el dinero, y si el país no lo usa, le cobra”, explicó Manuel Pérez Lara, rector de la Universidad del Istmo.

Hay algunos créditos que datan incluso de más de una década.

Por ejemplo, el 30 de agosto de 1995 se firmó un contrato de préstamo con el Banco Alemán de Desarrollo por US$6.5 millones —unos Q50.7 millones—, para dotar de proyectos de agua y saneamiento, así como carreteras rurales a San Benito, Petén.

La ejecución de este préstamo al 2011 alcanzó apenas 28.8 por ciento y ya hubo multas por Q1.2 millones y pago de intereses por una cifra similar.

El proyecto está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y del Instituto de Fomento Municipal (Infom).

Otro préstamo con la misma institución y también a cargo del CIV, data del 22 de enero de 1998, por US$13.8 millones —unos Q107.8 millones— para carreteras en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, y las multas e intereses suman Q10 millones.

“A veces hay personas que llegan a los puestos por compadrazgo y piden dinero que no se necesitaba. Nos hemos preocupado en que nos presten sin tener algo determinado a través de una política de país”, refirió González.

Los ineficientes

El ministerio que tiene más préstamos con penalizaciones por falta de ejecución es el CIV, con ocho.

Las multas suman Q39.8 millones en créditos que van desde combate de la pobreza y reducción de desastres hasta agua entubada y carreteras turísticas.

Los intereses pagados a la fecha por esos préstamos suman Q194 millones, por lo que el costo a la fecha para los contribuyentes ha sido de Q233 millones.

Los ministerios de Salud y Educación tienen dos créditos con multas cada uno.

El de Salud suma Q5.8 millones en penalizaciones y Q7.2 en intereses, y entre los préstamos con multas por ejecución ineficiente hay uno de salud nutricional materno infantil por Q382.8 millones, cuya penalidad fue de Q2.8 millones.

Esto contrasta con las 40 mil mujeres que murieron en el país en los últimos cuatro años, por falta de atención adecuada durante el embarazo y parto, según datos de organismos internacionales.

También con la realidad de que 4.2 por ciento de los niños del país mueren por desnutrición antes de cumplir 5 años, de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano.

En el caso de educación los proyectos sin ejecutar alcanzan un costo de Q25.8 millones, de los cuales Q6 millones son multas.

Otras 10 entidades que van desde el Ministerio de Ambiente hasta el de Finanzas también tienen cargos adicionales por baja ejecución.

“Finanzas debe dar seguimiento a la ejecución y sancionar a quienes se atrasen, de lo contrario paga la factura la población; además el Congreso está faltando a su deber de fiscalización”, dijo González.


07:20 a.m.
Fuente: Siglo XXI

Reducir abusos: desafío de Rivera en el Congreso
Analistas dicen que se requieren cambios profundos en el Legislativo

A dos semanas de haber asumido como presidente del Congreso de la República, Gudy Rivera, del Partido Patriota, asegura que su propósito es elevar la imagen del Legislativo, especialmente en temas que en el pasado han dado mucho qué hablar, como el exceso de asesores para algunos diputados, el despilfarro en gastos de cajas chicas, el pacto colectivo que obstruye las destituciones y la ociosidad de no menos de 16 comisiones.

Respecto al pacto colectivo con los sindicalistas, Rivera indica que lo primero es reconocerlo, ya que “somos respetuosos de las leyes y no se puede violentar algo que ya está constituido”. En cuanto a “sentarse a negociar” con los trabajadores, lo cual no hicieron sus antecesores, el titular del Legislativo declara: “Hay expertos analizando y estudiando el contenido del pacto; ellos determinarán si lo adecuado es sentarse a negociar o no”.

El presidente del Legislativo está consciente de “que ha habido abusos en este tema, sobre todo en el exceso de personal”.

Actualmente hay 1 mil 331 trabajadores permanentes en el Congreso, quienes “no ven la parte legislativa sino administrativa” ya que en la parte política según la Ley, cada diputado contratará a tres empleados temporales, lo que suma 474 trabajadores más a la planilla del Parlamento.

Rivera agregó que la diputada Nineth Montenegro, segunda vicepresidenta de la Junta Directiva (JD), tiene a su cargo la representación en la junta mixta y será la responsable de evaluar al personal, ubicarlo y “todos estamos en sintonía de ver cómo se logra, respetando la Ley, reducir al personal innecesario”.

El funcionario aseveró que tuvo reuniones con los dos sindicatos y “también están de acuerdo en las evaluaciones y en elevar la imagen del Congreso”.

La contratación de asesores por parte de la JD siempre ha dado que hablar, ya que la ley no limita ni a las comisiones ni a los directivos el número de asesores que pueden contratar.

Rivera no se ha propuesto limitar estos empleos. “Se asignaron funciones a los directivos y ellos pasarán su listado para la contratación que requieran”, resaltó, al indicar que “no puedo decir cuántos, tenemos 7 días de haber asignado funciones y estamos ordenando la casa”, pero promete que serán “austeros en el gasto”.

El presidente del Congreso es optimista en que el despilfarro en cajas chicas “no se va a permitir”, ya que pidió al delegado de la Contraloría General de Cuentas que “ponga especial atención en los fondos rotativos” y en la entrega de los recursos a los bloques, a las comisiones y a los directivos.

“Se les entregó el reglamento y la tabla para que sepan a qué atenerse”, si los recursos se erogan en “cevicherías, licor, o cosas que no tengan que ver con el quehacer de los diputados la Contraloría y el interventor interno deben exigir que se devuelva el dinero”.

Mantendrán comisiones
Reducir el número de comisiones no está en los planes del presidente a menos que “todos estén de acuerdo”, ya que “existe una iniciativa que deberá seguir su trámite de aprobación”, pero por el momento la única manera que hay para controlar el trabajo de las salas es “un directivo que debe velar porque sí haya reuniones y presentar informes”, que servirán para “hacer las deducciones de las dietas” porque “es la única forma de coerción”, afirmó Rivera.

Para rescatar al Congreso del despilfarro y el clientelismo se requieren “cambios más profundos” coinciden Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, y
Luis Felipe Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

“El Congreso de la República necesita reformas estructurales, para ser una institución más ágil y que permita una gobernabilidad interna”, señaló

Marroquín. “El número de comisiones es exagerado e improductivo”, se debe “reducir para cubrir necesidades del Congreso y no de los diputados”, manifestó Linares.

El exceso de personal no cesará si “no se reforma la Ley de Servicio Civil”, explicó Marroquín, quien añade que debe dejar de contratarse a una persona “porque es familiar o amigo de un diputado”, como usualmente ocurre en cada legislatura.

Para reducir el gasto innecesario en fondos rotativos “basta con querer hacer bien las cosas”, expuso Marroquín, quien enfatiza en que debe empezar por eliminar los gastos en “cevicherías y discotecas”.


07:14 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Luz Lainfiesta: “Gente que no era pobre recibía bolsa”
Lo que se sospechaba: en los listados de programas de Cohesión Social, la ministra designada de Desarrollo Social, Luz Lainfiesta, ha encontrado faltantes de datos, pero sobre todo evidencias de que personas que no eran pobres recibían la bolsa solidaria.

POR ANA LUCÍA GONZÁLEZ

Para llegar a su oficina, Lainfiesta camina por las gradas hasta el cuarto piso, en la sede de Mi Familia Progresa, en la zona 1, debido a que los elevadores no funcionan porque no hay electricidad, pues la cortaron por falta de pago.

¿Esperaba que se aprobara con tanta rapidez la creación del Ministerio de Desarrollo?

Sí. Desde la campaña nuestra propuesta fue institucionalizar los programas, para hacerlos transparentes y focalizados.

¿Qué programas tendrán continuidad?

No quiero hablar de programas, sino de intervenciones. Dar Q300 no es un programa, es una intervención. Queremos seguir con las transferencias como una plataforma estratégica para fortalecer a la mujer y la familia. Se basa en dar capacidades a la madre, para atender a los niños. Segundo, hay que fortalecer la articulación con los servicios públicos. La corresponsabilidad en educación era mejor controlada, pero la de salud no se cumplía.

¿Cuál es su diagnóstico?

Los programas tienen que continuar, la ley de presupuesto les puso candado, de manera que no se pueden cerrar. Hay que mejorarlos.

¿Cómo se evitará el uso clientelar?

Hay que informar a las propias beneficiarias para que sepan que es un programa del Estado y no de un partido o persona particular. Segundo, la
fiscalización local, a través de municipalidades y ciudadanía. No se seguirá pagando en efectivo, sino a través de banco. El fideicomisario, Banrural, abrirá un sistema de caja rural que permitirá acceso a créditos pequeños.

Entonces, ¿se mantiene la ayuda de los Q300?

Sí. No pensamos cambiar la cuota; Q150 para salud y lo mismo para educación, trabajando con un presupuesto de Q1 mil 46 millones. Si fuera bien focalizado, quizá alcanzaría para las familias en extrema pobreza, que quizás serán cerca de 600 mil, o las que corresponden a los tres quintiles más bajos.

¿Alcanza el dinero?

No va a ser suficiente cuando el 53 por ciento de la población vive en pobreza, pero tampoco vamos a hablar de cosas que no podemos sostener. ¿De dónde va a salir el dinero? Me comprometí con el presidente a que vamos a trabajar con el dinero que hay. Nuestro indicador de efectividad será cuando el niño salga de la escuela, y no cuando entra.

¿El reto es reducir la pobreza extrema?

Las gráficas de Encovi muestran que muchos del grupo de extrema pobreza aún no están cubiertos. Mucha gente que no era realmente pobre recibía bolsas, e incluso remesas. Llegar a los que no están cubiertos debe ser el objetivo nacional; se quedaron fuera por la forma en que se hizo el censo y por otros intereses, pero ese uso clientelar se acabó.




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