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Denuncias de Corrupción Febrero 01, miércoles



08:50 a.m.
Fuente: Siglo XXI

CGC pedirá lesividad en contrato del Renap
Contraloría asegura que ente registral dejó de pagar alquiler desde diciembre.

Ronald Mendoza
ramendoza@sigloxxi.com

“Existen indicios suficientes para considerar que el patrimonio del Registro Nacional de las Personas, se ve vulnerado a través del contrato de arrendamiento”. Bajo esa premisa, la Contraloría General de Cuentas (CGC) solicitará la declaración de lesividad del contrato suscrito entre Renap y la inmobiliaria Los Jengibres S. A. La firma es la administradora del edificio en el cual funcionaba el centro comercial Korea Center y que hoy ocupan las oficinas del ente registral.

La Contraloría realizó una auditoría financiera y presupuestaria. La titular de la CGC, Nora Segura, explica que “el costo del bien (inmueble)” es el principal factor por el cual se objeta el contrato de arrendamiento. Asimismo, no precisa una fecha para solicitar la lesividad, pues “hay aspectos de la naturaleza del bien, el fin y el objetivo de su arriendo que también deben ser analizados” (vea: Polémico arrendamiento).

“Nuestros auditores están realizando estudios de precios por el alquiler de inmuebles en esa zona, pues ellos han considerado que el monto erogado por el Renap por ese concepto es demasiado alto, aunque estamos en proceso de establecer parámetros de comparación para determinar si existe sobrevaloración”, precisa.

Además, la comisión auditora recomendó al director ejecutivo del Renap, Jorge Matheu, mediante oficio del 6 de diciembre de 2011, “suspender el pago” por concepto de alquiler del inmueble, el cual es ocupado desde 2010, aunque el contrato fue firmado el 7 de julio de 2011, y ampliado el 16 de agosto (lea: Meses sin contrato).

No responde
De acuerdo con Segura, el Renap tomó en cuenta la recomendación y “desde diciembre pasado cesó el desembolso por este arrendamiento”. Siglo.21 trató de obtener la opinión del Director Ejecutivo del Renap; se le buscó en su despacho y se contactó a su relacionista pública, Leticia De León. Se le envió a De León un correo electrónico, pero la única respuesta que se obtuvo fue un compromiso de agendar una cita.

César Conde, secretario del Consejo Consultivo del Renap, asegura desconocer el informe de la CGC que declararía nocivo el arriendo. “Ni la Contraloría, ni ningún órgano interno del Renap nos ha informado oficialmente sobre la lesividad”, afirma.

Según Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, “este reparo es algo extraño, pues el arrendamiento sale más barato que todas las oficinas que alquilaban antes”.

“Es raro que ahora, al mostrarse cierta racionalidad en el gasto del Renap, la Contraloría cuestione, pero no existió esa supervisión en la época de Mauricio Radford; habría que conocer los argumentos”, concluye Marroquín.


08:30 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Comunas incumplen ley
El secretario de la Comisión de Acceso a la Información de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Alfonso Godínez, señaló que las municipalidades son las que más incumplen con la entrega del informe anual sobre las solicitudes de información que hizo el público.

POR MANUEL HERNÁNDEZ

Godínez dijo que hasta el 31 de enero solo 277 sujetos obligados entregaron el informe, de un aproximado de 500.

“El año pasado solo 372 informes se recibieron. A quienes no cumplieron se les abrió un expediente y fueron sancionados de forma moral, aunque en otros pudo haber casos penales”, agregó el funcionario.

Godínez indicó que los tres organismos del Estado y sus dependencias fueron las primeras en presentar sus informes, así como la comuna capitalina.

Cada reporte debe incluir el número de solicitudes formuladas por sujeto, resolución y tiempo en que fue entregada la información, cantidad de requerimientos pendientes, las que no fueron resueltas por ser información reservada y las que fueron impugnadas.

El funcionario entregará en 15 días el reporte final, para determinar quiénes no cumplieron con la normativa.


07:35 a.m.
Fuente: El Periódico

“Registros de programas sociales desaparecieron”
Quinientas mil boletas de empadronamiento fueron halladas en las oficinas donde operaban los programas.

Claudia Palma
A Desarrollo Social

Pérez estimó que Q150 millones serán destinados a la bolsa solidaria, y además explicó que 11 programas de la Secretaría de Bienestar Social y Q140 millones con que contaba el Ministerio de Agricultura serán trasladados al Ministerio de Desarrollo Social.

"Aunque ya no está en el partido, (Jairo Flores) debe responder cómo se manejó el programa en Fonapaz”.

Delia Back, diputada de UNE.
El presidente Otto Pérez anunció que los registros de los beneficiarios de los programas sociales fueron borrados y que en las instalaciones de la zona 13, en donde funcionaban algunas de sus oficinas, se encontraron 500 mil boletas de empadronamiento, las cuales, según el mandatario, fueron solicitadas a los beneficiarios a cambio.

Pérez también aseveró que 4 mil 625 trabajadores fueron contratados en el último año de gobierno como monitores de los programas, pero aseguró que sus funciones fueron las de “operadores de la campaña política”. Los salarios fueron obtenidos de Covial, el Fonapaz y el Fondo de Solidaridad. Estimó que 3 mil 500 de ellos estaban presupuestados en el Fonapaz.

Adelantó que habrá una auditoría externa, una investigación de la Contraloría General de Cuentas y la presentación de denuncias penales en contra de los encargados de los programas. “Hay gente que se prestó para las órdenes que ella daba”, dijo al ser consultado si las acciones penales alcanzarán a Sandra Torres, quien coordinó el Consejo de Cohesión Social.

La diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza, Delia Back, afirmó que “el programa de Bolsas Solidarias fue manejado en Fonapaz. Cuántos beneficiarios, qué invirtieron y qué mecanismos se utilizaron, es Jairo Flores el responsable porque él manejaba el programa y aunque ya no esté en el partido considero que él puede responder”.

La vicepresidenta Roxanna Baldetti anunció que la Secretaría de la Transparencia, que investigará casos de corrupción, está casi integrada y que su nacimiento a la vida legal depende ahora de la Secretaría General de la Presidencia, que deberá emitir el acuerdo correspondiente.

Nuevo programa
Durante la visita a las instalaciones también fue anunciado el nuevo programa Jóvenes Protagonistas que pretende alcanzar a 350 mil adolescentes que no asisten al sistema educativo formal, a quienes se pretende dar capacitación laboral en las jornadas vespertinas.


07:04 a.m.
Fuente: Prensa Libre

ONG ejecutan obras pese a prohibición
Los consejos de Desarrollo Urbano y Rural de Sacatepéquez y Chimaltenango, y la Municipalidad de Pajapita, San Marcos, utilizaron organizaciones no gubernamentales (ONG) como intermediarias para la adjudicación de obras por Q5.6 millones, pese a que lo prohíbe el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2012.

POR MANUEL HERNÁNDEZ

El artículo 29 del presupuesto aprobado por el Congreso elimina la figura de convenios para la ejecución o administración presupuestaria de programas y proyectos que constituyen formación de capital —obra física— por medio de ONG.

Quedan fuera de la prohibición las ONG que presten servicios a los ministerios de Salud Pública y de Educación.

Las ONG contratadas como intermediarias son el Centro de Apoyo al Desarrollo Humano y Socioambiental, la Asociación por el Desarrollo Social Qanil y la Asociación para el Desarrollo Integral Marquense.

Se defienden
Mariela Rodríguez, representante del Centro de Apoyo al Desarrollo Humano y Socioambiental, justificó la utilización de esa modalidad debido a que el convenio firmado con el Consejo de Desarrollo de Sacatepéquez se hizo el año pasado.

“Sí hubiéramos firmado el contrato este año, sí tendríamos problemas legales. Nos ampara el convenio, y no lo que está publicado en Guatecompras”, manifestó Rodríguez.

El director ejecutivo del Consejo de Desarrollo de Sacatepéquez, Pablo Tabin, coincide con Rodríguez, y agregó que esa obra se desarrolló a petición del alcalde de Ciudad Vieja, pero está contratada desde el 2011.

Visión oficial
La contralora general de Cuentas, Nora Segura, dijo que le pondrá atención a las referidas adjudicaciones, ya que a su parecer el presupuesto general prohíbe esa modalidad para la adjudicación y construcción de obras a partir de este año.

La prohibición fue aprobada debido a denuncias de mal manejo de fondos por ONG.



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