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08:47 a.m.
Fuente: El Periódico

“En los últimos 40 años no se hizo nada contra el contrabando”
Desde una pequeña oficina en la azotea de la SAT, el fiscal Fernando Mendizábal dirige la Comisión contra el Contrabando creada a petición del sector privado.

Asier Andrés

¿Por qué era necesario crear una Comisión si ya existía la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)?

– La SAT administra las aduanas, y cuando se comete un delito se avisa a la Policía, pero la SAT como tal no investiga delitos, solo denuncia. De hecho, hasta que en 2005 se creó la Unidad de Verificaciones de la SAT, de la que yo fui jefe, se comenzaron a armar denuncias penales por contrabando. Antes no había gente condenada por defraudación aduanera. El problema es que hasta ahora, los procesados y condenados han sido siempre pilotos, el eslabón más débil y no se ha querido, creo yo, profundizar más en el caso. Nos hemos acomodado a pensar que si tengo la mercadería y a la persona que la llevaba, ya está el caso. Por eso, la persecución penal del contrabando ha sido muy limitada. Lo que nosotros como Comisión queremos fomentar es eso precisamente, que no nos quedemos con el piloto. Trabajamos con la Policía para presentar casos al MP.

Entonces, siendo este un problema antiguo su persecución es reciente

– En los últimos 40 años lo que ha habido de investigación de contrabando es cero. Ahora empezamos a ver cómo entrarle a un tema que tiene décadas de estar enraizado en el país. El contrabando siempre ha existido, pero en el periodo del conflicto armado se le dejó crecer. No se contaba con una legislación para combatirlo, ni había un Ministerio Público como el actual, ni siquiera existía el delito de defraudación tributaria. En 1996 había bastante contrabando y la Dirección General de Aduanas era una institución realmente corrupta. Pero, ahora, diría que el problema es de mayor magnitud.

¿Es un problema que atañe solamente a la SAT?
– Una gran cantidad de contrabando entra por puntos ciegos, no por las aduanas. Hemos detectado que las redes son muy grandes en Huehuetenango y en San Marcos, específicamente en el municipio de Tacaná. En estos lugares, los operativos no son fáciles de montar porque nos encontramos que la gente está mejor armada que la Policía. Tampoco es fácil avanzar con la investigación. Ahorita tenemos solo seis investigadores de la PNC.

¿Pero este contrabando por puntos ciegos es realmente el gran contrabando?
– Yo diría que no, pero tampoco es menor. En algunos lugares, hemos detectado bodegas enteras con mercadería. No es solo gasolina, se trata de todo tipo de alimentos, huevos, maíz, entre otros.

¿Diría que no hay grandes estructuras dentro de las aduanas en la actualidad?
– Pienso que sí existen. Definitivamente, en las aduanas hay problemas, y el narcotráfico está adentro. Yo sé que en los puertos principalmente, hay estructuras al servicio del contrabando y el narcotráfico. Sé que existen, pero hasta el momento no he encontrado colaboradores que quieran ayudar a desmantelarlas por el miedo que tienen a dar la información. En Puerto Quetzal sé que hay al menos dos grupos.

¿Qué tanta relación tiene el contrabando con el narcotráfico?
– Son dos problemas vinculados estrechamente, para el narcotráfico el contrabando es un forma natural de extender su negocio y de lavado de dinero. Con los beneficios de la droga, compran productos que introducen en el mercado local. No puedo pensar, por ejemplo, que el contrabando de gasolina no tenga detrás al narcotráfico. Nadie si no ellos tienen tanta capacidad de comprar gasolina.


08:37 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Opinión

UNE confirma su caudillismo

La renuncia en pleno del comité ejecutivo de la Unidad Nacional de la Esperanza confirma lo que ha ocurrido con la totalidad de partidos políticos creados a partir de 1985. Es decir, no es más que una agrupación creada alrededor de una persona. La diferencia en este caso es que al finalizar el período de Álvaro Colom y con ello terminar su carrera política, talvez para siempre, todo debe ser cambiado para que el partido oficialice su calidad de simple maquinaria para lograr la elección de Sandra Torres en los siguientes comicios.

EDITORIAL

La obediente salida de todos los integrantes de la supuesta cúpula partidaria demuestra una vez más quién dispone, manda y espera acatamiento total dentro de esa agrupación política. La señora Torres ya decidió, y por ello ordenó sin chistar ser electa en una asamblea general que ya fue anunciada oficialmente para el 22 de enero del 2012; es decir, apenas una semana después del inicio del nuevo gobierno.

La evidente intención adicional es aprovechar desde el primer momento su cercanía con su amigo, coterráneo y compañero de partido Manuel Baldizón, quien de ser electo presidente tendría una bancada uneísta a la disposición y, al no tener interés ni posibilidad real de que su partido repita su eventual victoria, no tendría tampoco motivo para dejar de apoyar a la UNE de manera abierta o solapada. Por eso el movimiento interno de la UNE demuestra que la señora Torres confía plenamente, pero también necesita, de la victoria liderista en noviembre.

Si ocurre lo contrario, un gobierno presidido por Otto Pérez Molina se convertirá en un obstáculo difícil de superar. La UNE sería un partido opositor con pocos recursos, dependiente de que, para empezar, la bancada del partido no se divida, una posibilidad que, en estos momentos, es más que posible y evidente. En ese caso, unido a la realidad de no tener a la disposición ni a su orden los recursos económicos gubernativos para utilizarlos con fines clientelares, los cuatro años de lucha constante serían un tiempo demasiado largo.

Más allá de los aspectos puramente específicos de los posibles escenarios políticos nacionales a partir del 14 de enero del 2012, es evidente que en Guatemala no parece haber un sistema de partidos políticos como lo son, para no citar más que un ejemplo cercano, en Honduras. En esta etapa histórica del país es demasiado fácil abrir agrupaciones candidatocéntricas y ponerles el apodo de partidos. Pero no tienen ideología, ni programas, ni cuadros. Dependen de la improvisación de personas ignorantes por decisión personal de las más mínimas reglas de la política, que entonces se convierte en un lamentable mercado de influencias y de protección o creación de privilegios.

Lo ocurrido en la UNE tiene su más lamentable elemento en que no sorprende a nadie, porque existe el convencimiento generalizado entre los guatemaltecos de que todo debe depender de una persona iluminada, escogida por el destino para hacer los cambios necesarios. Es, ni más ni menos, un pensamiento monárquico absolutista mal disfrazado.


08:30 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Restricción afecta a 30 mil votantes
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió modificar el acuerdo que centraliza las mesas de votación en las cabeceras municipales, porque los ministros de Gobernación y Defensa no garantizaron la seguridad en áreas conflictivas.

POR KAREN CARDONA Y JULIO LARA

El acuerdo que antes centralizaba 25 circunscripciones electorales o centros de votación fue reformado y se redujo a 13, en 10 municipios, lo cual afectará a 30 mil 330 votantes, según el TSE.

“Los ministros y sus representantes en ningún momento manifestaron que iban a tener la seguridad total de los centros de votación. No dijeron que garantizaban la totalidad de los que nosotros manifestamos que se quieren descentralizar”, afirmó el magistrado Ulises Gómez.

La presidenta del TSE, María Eugenia Villagrán, respaldó esa versión, al justificar la medida.

Divorcio de responsables
El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, dijo en conferencia de prensa que el TSE no le ha entregado el mapa de riesgo para coordinar esfuerzos y que está cansado de que culpen a la Policía Nacional Civil de los hechos violentos relacionados con las elecciones.

Además, Villagrán ha sostenido que el Ministerio Público no ha investigado ni solicitado detenciones en casos de violencia postelectoral.

El fiscal de Libertad Democrática Renovada, Justo Pérez, reiteró su rechazo a la centralización de las mesas, por considerar que esa medida veda el derecho a elegir y ser electo a más de 30 mil ciudadanos, quienes pueden hacer la diferencia en la elección del próximo 6 de noviembre.

Pérez manifestó que presentará un recurso de nulidad contra el nuevo acuerdo, y recordó que el primero que habían solicitado fue rechazado.

El TSE prevé gestionar transporte público gratuito para las comunidades afectadas.



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