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Evasión aduanera podría superar los Q2 mil millones en 2021
Este año se espera cerrar con una recaudación histórica; sin embargo, continúa la práctica de defraudación tributaria y contrabando aduanero tanto en comercio exterior como en tributos internos, lo que menoscaba al fisco, según el recuento.
Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas y presidente del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), indicó ayer a Prensa Libre que la evasión de este año, por contrabando aduanero, oscila entre Q2 mil 500 millones y Q2 mil 700 millones, una cifra que se ha manejado con las cámaras empresariales, resaltó.
Por otro lado, el informe Flujos financieros ilícitos relacionados con el comercio en 134 países en desarrollo 2009-2018, de la entidad estadounidense Global Financial Integrity (GFI), con sede en Washington, D. C., presentado el pasado 16 de diciembre, sitúa a Guatemala con una potencial facturación fraudulenta en el comercio por unos US$3 mil 358 millones —unos Q25 mil 400 millones—.
Prácticas en el 2021
Las estadísticas de la Intendencia de Aduanas señalan que de enero a noviembre pasado se ajustaron Q260 millones a los contribuyentes por una mala declaración en las mercancías que se importan a Guatemala, práctica con la que se evita pagar los impuestos correspondientes.
Además, por lo controles implementados en las terminales portuarias, con rayos X o escáner de los contenedores, se descubrió que algunos propietarios de las mercancías —usuarios de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)— decidieron recibir sus importaciones en el puerto Acajutla El Salvador, para luego ingresar sus productos vía terrestre a Guatemala.
En tributos internos, se descubrió como práctica recurrente que los tributantes inscritos en el régimen de pequeños contribuyentes hacen operaciones de más de Q150 mil anuales, límite establecido para esa figura con la que se tributa 5 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA), pero al superar ese monto se pasan al régimen simplificado y deben liquidar el 12 por ciento del IVA y 7 por ciento del ISR, o pueden pasar al régimen de utilidades del ISR, con el que el que tributan 25 por ciento.
Además, las redes sociales se han convertido en el canal de comercialización y distribución de varios productos de establecimientos y negocios no formales, sin que se conozcan casos concretos de fiscalización u origen de las mercancías que ahí se ofrecen.
Muchos de los casos presentados por la SAT este año venían del 2020. En varias ocasiones, el superintendente Marco Livio Díaz Reyes había informado en sus conferencias de prensa de que se darían a conocer nuevos grandes casos, presentación de denuncias ante el Ministerio Público y de programas de fiscalización a los contribuyentes con el fin de generar un ambiente de percepción de riesgo.
